Indicadores jurídicos: cuestiones y perspectivas

Protección del medio ambiente está condicionada por la aplicación efectiva de la legislación medioambiental vigente a nivel internacional, regional, nacional y local. La aplicación de esta ley requiere un complejo proceso legal en el que intervienen muchos actores: las administraciones y organismos de control, agentes económicos, profesiones jurídicas, expertos científicos, asociaciones de protección del medio ambiente. Sin embargo, la aplicación de la legislación medioambiental sobre el terreno es, con demasiada frecuencia, insuficiente. ¿Cómo se puede identificar y remediar esto? Por medio de los indicadores jurídicos.

 La Cátedra Normandía por la Paz sobre los derechos de las generaciones futuras, con el apoyo científico del Centro Internacional de Derecho Comparado del Medio Ambiente (CIDCE), ONG internacional y socio oficial de la ONU, y de la empresa de ingeniería y consultoría de Nueva Aquitania, realiza una investigación operativa para poner a disposición de las regiones, los Estados y la ONU esta nueva herramienta de evaluación de las políticas públicas.

De marzo a junio de 2020, un grupo de catorce expertos, entre los que se encontraban cinco de Brasil, España, Portugal, Suecia y Túnez, se reunió seis veces en videoconferencias para debatir la metodología que se utilizaría para probar los indicadores legales.

La prueba se centra en dos ejemplos en 2020: un área nacional protegida[1] y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (u ODS 14) sobre la vida acuática y los océanos. El objetivo es formular indicadores apropiados para evaluar la la ley aplicable con referencia tanto al derecho internacional, regional y nacional. Los países que participan en la prueba son Brasil, Francia (región de Normandía), Portugal y Túnez. El cuestionario se enviará en cada país a los agentes locales o nacionales responsable de aplicar la ley relativa a estos dos ejemplos.

Se está publicando un libro sobre indicadores legales en francés, inglés y español.

En 2021, el programa continuar con otros temas del derecho ambiental y los ODS con el fin de garantizar la perspectiva de garantizar los derechos humanos y los derechos de las generaciones futuras. En particular, los indicadores legales aplicables a la implementación del Convenio de Barcelona para la Protección del Mar y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en América Latina y el Caribe. El objetivo final del programa es contar con una metodología ad hoc de indicadores legales aprobada por la ONU, aplicable en particular a los ODS relacionados con el medio ambiente y los derechos de las generaciones futuras.

[1] Brasil: Reserva Ecológica Federal de Carijos en Florianópolis; Francia: Reserva Nacional del Bosque de Cerisy (Normandía); Portugal: Reserva natural Ramsar y Natura 2000 Paul de Arzila; Túnez: Parque Nacional de Ichkeul.