Webinar «Paz, Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza en el Acuerdo de Paz de Colombia

El tejido de la justicia transicional y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia

En Colombia, durante las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno (2012-2016), las organizaciones indígenas, afrocolombianas y gitanas presionaron para que se adoptara un «capítulo étnico» en el texto del acuerdo de paz, y para que se afirmaran sus derechos colectivos, y en particular sus derechos a la tierra y a reparaciones diferenciadas.

El impacto de estos movimientos es fundamental para la construcción de una sociedad sostenible que integre los conceptos profundos y plurales de la paz, como la idea de paz con la Tierra, así como los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras.

El Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Territorios Indígenas (CNTI), la Cátedra de Excelencia por la Paz de Normandía (CNRS/Región de Normandía/Universidad de Caen/MRSH) y el Polo Bogotá del Instituto de las Américas (IdA) eligieron abordar estas cuestiones durante dos seminarios. Concebidos como intercambios interculturales, se desarrollaron según el método de los «diálogos del conocimiento» organizados por el CNTI.

El primer seminario web, titulado «La paz, el medio ambiente y los derechos de la naturaleza en el post acuerdo de paz de Colombia», se celebró el 21 de julio de 2021. La sesión fue moderada por Luis Miguel Gutiérrez, Doctor en Derecho Público de la Universidad de Toulouse, y presentada por Laetitia Braconnier Moreno, coordinadora del polo de Bogotá del IdA, y Víctor Tafur, Director de Diplomacia Ambiental de la Universidad Pace de Nueva York. Este último mencionó la relevancia para la Cátedra de Normandía por la paz que representa de estudiar la justicia transicional a través del prisma de los desarrollos normativos internacionales para la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

Todos los participantes partieron de una constatación común: la desilusión que siguió a la firma del Acuerdo de Paz de Colombia en 2016 respecto a los derechos de las poblaciones rurales, principales víctimas del conflicto armado. En particular, se destacó el fracaso del gobierno en la aplicación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En particular, Luis Miguel Gutiérrez preguntó a los invitados sobre el proceso de restitución de tierras establecido por la Ley 1448 de 2011, que ha mostrado pobres resultados, especialmente en la restitución de tierras a los pueblos indígenas desplazados (Decreto Ley 4633).

Julio César Estrada, miembro del pueblo guanamo, es asesor de la OPIAC, organización de defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia. Lamentó que no se respeten los derechos de la naturaleza, que están en el corazón del «derecho originario» de los pueblos, poniendo varios ejemplos y en particular la creciente deforestación. Sin embargo, señaló el reconocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de estos derechos específicos, y los logros alcanzados como resultado de las movilizaciones étnicas en cuanto a la articulación entre los instrumentos de justicia transicional y los sistemas de justicia indígena. Indicó que, en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, por ejemplo, las instituciones responsables deben tener en cuenta la dimensión espiritual y cultural del daño sufrido por las familias.

Camilo Niño, miembro del pueblo arhuaco, ecologista y máster en desarrollo rural, insistió en que los derechos territoriales reforzados por el Acuerdo de Paz han quedado en gran medida en papel mojado. Según él, «la conservación no es más que las prácticas tradicionales en consonancia con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y lo que se traduce como «ley de origen»». Tras destacar el retraso institucional en la constitución y formalización de muchos territorios indígenas, explicó la importancia de esta formalización en términos de seguridad jurídica para estas propiedades colectivas, y demostró cómo esta seguridad jurídica está en función de una mayor conservación de los territorios.

Como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño también establece una relación causal entre la falta de formalización de los territorios a proteger, el aumento de la concesión de autorizaciones para permitir la deforestación y los asesinatos de líderes indígenas. De hecho, estos asesinatos aumentan cuando la deforestación también aumenta. Las cifras que denuncia son condenatorias: Más de 350 líderes indígenas fueron asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016. Entre otras medidas a aplicar, pide al gobierno que firme urgentemente el acuerdo de Escazú para la protección de defensores del medio ambiente.

Émilie Gaillard, coordinadora general de la Cátedra Normandía por la Paz, mencionó la multiplicidad de violencias sufridas por los pueblos indígenas y la memoria transgeneracional de las violencias pasadas. Se refiere a la importancia de una justicia transicional que integre plenamente la restitución de tierras a las comunidades indígenas y el necesario reconocimiento del derecho a la autodeterminación. a las comunidades indígenas y el necesario reconocimiento de la propiedad colectiva. Entre las vías a seguir para una justicia transicional «ambientalizada», menciona la educación ambiental para la paz y la introducción de una agricultura respetuosa con el medio ambiente en la era post-conflicto. Cita ejemplos de otros países en los que se ha conseguido la constitucionalización de los lugares sagrados y el santuario de los bosques. Pide un cambio de paradigma que se aleje de la «sobrecapitalización de la tierra» y se dirija hacia un estado de derecho respetuoso con la diversidad natural y cultural y descolonizado. Concluye afirmando el apoyo de la Cátedra Normandía por la Paz a la iniciativa de crear un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.