Tejiendo la justicia transicional en Colombia: derechos a la tierra y al territorio – Webinar 2

El tejido de la justicia transicional en Colombia: Tierra y derechos territorialesEl sistema de justicia transicional colombiano, derivado del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016, es digno de observar en varios aspectos. La integración de enfoques diferenciados en este acuerdo, incluidos los enfoques étnico, territorial y medioambiental, no tiene precedentes. Sin embargo, han surgido nuevos conflictos socioambientales, en detrimento de los derechos de las poblaciones locales y de la naturaleza. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas se ven especialmente afectados.

El Observatorio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Cátedra Normandía para la Paz y el Polo Bogotá del Instituto de las Américas han optado por abordar esta cuestión desde el prisma de los conocimientos ancestrales, el ámbito de los derechos de la naturaleza y las generaciones futuras.

A través de dos seminarios, queremos poner de manifiesto el entramado de diferentes normatividades para abordar la justicia transicional de forma intercultural. También tratamos de incorporar las voces de los movimientos étnicos e indígenas.

El encuentro en sí será un ejercicio intercultural basado en diálogos entre representantes de organizaciones étnicas e investigadores mestizos, colombianos y franceses.

Segundo Webinar: Los retos de la construcción de la paz territorial y la resistencia indígena en Colombia – 11 de agosto de 2021

Su ejercicio de la autonomía y de los derechos a reclamar sus tierras tras el desplazamiento forzoso, y su lucha por hacer realidad sus derechos colectivos contra las industrias extractivas perjudiciales para las comunidades y la naturaleza, se han enfrentado a respuestas violentas de grupos armados legales e ilegales.

Más de cinco años después de la firma del acuerdo de paz, no se ha aplicado una reforma rural integral. En consecuencia, la pacificación de muchas zonas depende más que nada de los representantes y líderes campesinos y étnicos que participan en los programas de sustitución de cultivos ilícitos y en los programas de desarrollo basados en la tierra (PDET). A pesar de la importancia de su trabajo a nivel local, estos líderes se ven sistemáticamente amenazados debido a la reestructuración del conflicto armado en algunos territorios.

Laetitia BRACONNIER, miembro de la Línea de Investigación para la Justicia Transicional, ha escrito un artículo en línea sobre el tema : Encuentro – Desafíos para una «paz territorial» y resistencia indígena en Colombia

Este segundo seminario web, celebrado el 11 de agosto de 2021, dos días después del Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se centró en los retos de la construcción de la paz territorial y la resistencia indígena en Colombia.

La introducción corrió a cargo de July Calderón, estudiante de doctorado en EHESS. Como coordinadora del Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió al minucioso trabajo de seguimiento que realiza esta instancia respecto a la implementación de la reforma rural integral, primer punto del Acuerdo de Paz. El reto de la paz territorial, según ella, es saber interpretarla a la luz de las cosmovisiones de los pueblos, sus organizaciones territoriales y los «planes de vida» (planificación de los territorios indígenas colombianos según sus propias perspectivas de desarrollo). Defiende la necesidad urgente de respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa y la protección de sus derechos ancestrales frente a la instrumentalización del Acuerdo de Paz determinados sectores económicos.

La moderadora fue Catalina Toro, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, quien habló sobre el modelo de extracción de recursos naturales, que va en contra de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Desde el departamento del Cauca, Juan Carlos Samboní, líder del pueblo Nasa del Cabildo (autoridad tradicional) «Playón Nasa Naya» y Thu’thenas (delegado) de la Asociación de Autoridades Indígenas del Norte del Cauca, recordó, por un lado, que los homicidios, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras, sobreviven al Acuerdo de Paz. Los pueblos aún tienen que desplazarse por los enfrentamientos vinculados a la reconfiguración del conflicto entre la guerrilla de las FARC, los paramilitares y los narcotraficantes, que están involucrados en el exterminio de líderes, defensores del territorio y autoridades ancestrales indígenas. Varios de estos últimos también han sido asesinados durante la minga nacional (movilización indígena), participando en el enorme movimiento de oposición a la reforma fiscal anunciada en abril de 2021.

Por otro lado, la multiplicación de presas hidroeléctricas, entre otros proyectos de desarrollo que afectan a los territorios, va en contra de la reforma rural integral y de los movimientos indígenas organizados en torno al cuidado de la Madre Tierra. Juan Carlos Samboní denuncia la concentración de la tierra, la más alta de América Latina Estados Unidos- que divide a las comunidades rurales. También explica que esta elevada concentración, que es la causa de la escasez de tierras, provoca conflictos entre las distintas comunidades que necesitan acceder a ellas. A continuación, habló de los esfuerzos realizados para unir a los pueblos indígenas, los afrocolombianos y las comunidades campesinas en sus negociaciones con las autoridades. Según el delegado, el Gobierno debe avanzar hacia una «institucionalidad multicultural», y promover más autonomía para los «gobiernos propios» en los territorios.

Vicente Villafañe, autoridad del pueblo arhuaco, abogado y experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas, se refirió a los numerosos acuerdos que el gobierno nunca ha cumplido sobre las garantías territoriales de los pueblos. El aumento de los cultivos ilícitos de hoja de coca, además de afectar a la Madre Tierra, demuestra la ineficacia de los programas de sustitución de cultivos ilícitos previstos en el primer punto del Acuerdo de Paz. Se refirió a la falta de alternativas al cultivo de la hoja de coca y a la ausencia de medidas para proteger a los campesinos ante la reconfiguración del conflicto.

Como delegado de la confederación indígena Tayrona en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, destacó las oposiciones entre las visiones indígenas del desarrollo y las del «hermano menor» blanco: mientras éste se centra en la extracción de recursos, y cree que los indígenas se oponen al desarrollo del país, en la Sierra Nevada «creemos que el desarrollo daña la naturaleza y que necesitamos el agua para las generaciones futuras». Insistió en que las sanciones de la justicia transicional deben considerarse procesos de reintegración y regeneración. En su territorio, por ejemplo, tras las transgresiones de la ley original, se debe consultar al Mamö, la autoridad espiritual, y reunir a la comunidad para determinar estas sanciones «regeneradoras».

El invitado internacional de este segundo seminario fue Amilcar Pop, abogado del pueblo maya q’eqchi’, miembro del Congreso de la República de Guatemala y del Parlamento Centroamericano. Es miembro del Congreso de la República de Guatemala y del Parlamento Centroamericano, donde preside la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En su discurso, se refirió a los acuerdos de paz firmados en Guatemala hace 25 años, en particular el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Reconociendo ciertas debilidades en la negociación de estos acuerdos, se refirió al «pacto social que no se ha producido». Según él, la tierra es un elemento fundacional de cualquier Estado-nación, y el éxito de la aplicación de los acuerdos de paz depende principalmente de las políticas económicas y agrarias.

Con sus palabras, establece los límites de la justicia transicional al servicio de las políticas neoliberales. El problema actual de la tierra se deriva de un desequilibrio entre dos sistemas económicos: el sistema local y el sistema capitalista internacional. Señaló el retraso de Guatemala en la formalización de los catastros de los territorios colectivos, lo que de los territorios colectivos, que estaba previsto al final del conflicto. Así, advirtió sobre la institucionalización de espacios de diálogo que pretenden dar voz a los representantes indígenas, pero que no constituyen espacios de decisión.

Con sus palabras, establece los límites de la justicia transicional al servicio de las políticas neoliberales. El problema actual de la tierra se deriva de un desequilibrio entre dos sistemas económicos: el sistema local y el sistema capitalista internacional. Señaló el retraso de Guatemala en la formalización de los catastros de los territorios colectivos, lo que de los territorios colectivos, que estaba previsto al final del conflicto. Así, advirtió sobre la institucionalización de espacios de diálogo que pretenden dar voz a los representantes indígenas, pero que no constituyen espacios de decisión.

Hay que diferenciar los sistemas de justicia: los del Estado, ante los que se pueden exigir los derechos de los pueblos, incluidos los culturales, y los sistemas de justicia ancestral basados en otras «filosofías y valores». El diputado advierte de los riesgos de hacer que los jueces autóctonos resuelvan los litigios causados por por agentes económicos externos. Sin embargo, explica las lecciones que se pueden aprender de las prácticas culturales que se han ejercido tradicionalmente en la defensa de los manantiales y los ríos, los bosques y la naturaleza.

Lecciones que, entre otras, pueden inspirar las sanciones que próximamente dictará la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, siendo uno de los objetivos la reparación del daño ambiental causado en el marco del conflicto armado. Sin embargo, si la articulación de los pueblos indígenas con los movimientos urbanos y ambientales es Los movimientos ecologistas son adecuados para la defensa de la naturaleza, los participantes consideran que el principal obstáculo sigue siendo la falta de transición del modelo económico.

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Lanzamiento de la serie de conversatorios: tejido de la justicia transicional y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia
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