Restitución del evento paralelo celebrado en línea el 21 de abril de 2023 con motivo de la 22ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

¿LA JUSTICIA TRANSICIONAL COMO MEDIO PARA REAFIRMAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENA?

Este encuentro fue organizado en el marco de la sesión 22 del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, que tuvo lugar entre el 17 y 28 de abril de 2023.

Organizado en línea, permitió la participación de expertos y autoridades indígenas que no se encontraban en la ciudad de Nueva York durante la sesión.

Este espacio de diálogo entre representantes indígenas y especialistas en justicia transicional fue organizado por Leslie Cloud y Laetitia Braconnier Moreno. El video en español del encuentro está disponible en la página web de la Cátedra de Excelencia Normandía para la Paz del CNRS. 

Este evento, surgió en la continuidad de una misión inicial llevada a cabo en Santiago de Chile en noviembre de 2022 por Emilie Gaillard y Leslie Cloud, en el marco de la primera reunión internacional de expertos en justicia transicional y pueblos indígenas del UNPFII, presidida por Darío Mejía Montalvo del pueblo Zenú, Presidente del UNPFII, presidida por Darío Mejía Montalvo, del pueblo Zenú, presidente de este Foro. Un resumen de esta reunión internacional y el informe resultante están disponibles en la página web de la Cátedra.  

  1. Primer panel con la Directora del IJFD y representantes indígenas de Burundi y Malí 

Magalie Besse, doctora en derecho público y directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, organización especializada en justicia transicional y democratización, presentó las actividades llevadas a cabo por las divisiones de investigación, formación y acción del IFJD, en este caso en el área temática de pueblos indígenas y participación. Como señaló la Sra. Besse, en el ámbito de la justicia transicional, el objetivo es eliminar las barreras que impiden a los pueblos indígenas acceder a los procesos de justicia transicional y democratización, así como introducir a los pueblos indígenas en estas cuestiones.

A continuación, presentó el trabajo llevado a cabo por el IFJD en la República Centroafricana para apoyar a los miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la República Centroafricana (CVRR) a la hora de abordar la violencia cometida contra el pueblo Ba’aka. Estas actividades forman parte de un programa de acción más amplio de la oficina de la FIPD en la República Centroafricana, que ofrece apoyo a la CVRR, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual y un programa para los pueblos indígenas de la República Centroafricana, centrado actualmente en la situación de los miembros del pueblo Ba’aka. En este sentido, en 2021 se llevó a cabo un estudio del IFJD en la RCA, principalmente en la provincia de Lobaye, con el apoyo de la organización local La Maison de l’enfant et de la femme pygmée, para investigar la violencia sufrida por los Ba’aka durante la crisis de 2013, 2014 y 2015, recoger sus expectativas en materia de justicia, sus deseos de participar en el proceso de justicia transicional en curso e identificar las reparaciones solicitadas. La información recabada de las víctimas ba’aka permitió sensibilizar a los miembros de la CVRR sobre su situación durante la crisis y en la actualidad, sobre la necesidad de asegurar su participación en el proceso de justicia transicional y de poner en marcha reparaciones y garantías de reparación específicas y culturalmente apropiadas que correspondan a sus necesidades. Las encuestas sobre el terreno también confirmaron la grave situación económica y social (falta de acceso a la sanidad, la alimentación y la educación) y la violencia cotidiana en la que se siguen encontrando los Ba’aka en la actualidad, lo que también dificulta su participación en el proceso de justicia transicional.

El IFJD ha formulado unas primeras recomendaciones de carácter humanitario, haciendo un llamado a las ONG que trabajan en los ámbitos de la salud, la alimentación y la educación para que apoyen a las víctimas Ba’aka. Como señaló Magalie Besse, el acceso a la justicia transicional depende de la necesidad urgente de que las víctimas recuperen su dignidad.

A continuación, Magalie Besse se refirió al proceso exploratorio que se está llevando a cabo en el marco del proyecto «Guayana Francesa» sobre los hogares indios (“home indiens”). Los hogares indios eran internados católicos con los que el Estado había contratado para recibir niños indígenas y bushinengues. Los internados indios causaron daños considerables a los niños, en particular al crear una ruptura entre los niños y sus familias e impedir la transmisión de su identidad, cultura, saber hacer, modo de vida, etc. Esta situación nunca se ha remediado y sigue siendo compleja e irresuelta a día de hoy para los jóvenes indígenas y bushinengues que no viven en las grandes ciudades.

El actual proceso exploratorio pretende identificar la pertinencia de crear una comisión de la verdad, pero también su naturaleza, es decir, una CVR creada por el Estado o llevada a cabo por actores no estatales si el Estado se niega, con el fin de dar cuenta de la Verdad, obtener Reparaciones y establecer Garantías de no repetición. 

Aminata Diallo: los niños soldados indígenas y la justicia transicional en Mali.

Aminata Diallo, investigadora tuareg y fulani de Malí, miembro del proyecto Ărramăt y de la asociación tinhinane, hizo la siguiente presentación sobre los retos de la justicia transicional en Malí en el caso de los niños soldados indígenas.

Recordó que, aunque se han firmado numerosos acuerdos de paz en Malí, entre ellos los Acuerdos de Argel firmados en 2015, el conflicto persiste y se desplaza desde el norte de Malí hacia el centro del país. Los Acuerdos de Argel se centran en cuatro ámbitos: políticas institucionales, seguridad y defensa; desarrollo económico, social y cultural; verdad, justicia y reconciliación; y cuestiones humanitarias.

Señaló que en Mali, los pueblos indígenas se ven muy afectados por la violencia que afecta a las localidades donde viven. Tras los atentados terroristas de 2012, el fenómeno de los niños soldados pasó a primer plano en Mali. Se estima que el 40% de los niños soldados se encuentran en África; en Mali la mayoría proceden de pueblos indígenas, cuyos derechos no están reconocidos por la legislación maliense. Esto plantea la cuestión de su papel en el conflicto y de los medios que pueden movilizarse en términos de justicia transicional para poner fin a la situación de los niños soldados indígenas, restablecer sus derechos y preservar su identidad y su cultura amenazadas por el conflicto, que ha impuesto la cultura de las armas a las culturas indígenas.

En este contexto, su estudio, basado en investigaciones de campo realizadas en Kidal, Tombuctú, Gao, Mopti, Menaka y la capital, examina el papel de estos niños soldados, el impacto de su participación en el conflicto y el del propio conflicto en sus comunidades, y los problemas y retos de la justicia transicional para los niños soldados indígenas en Malí. Su estudio identificó un vínculo entre la situación de los niños soldados y la creciente inseguridad en Malí. También confirmó el fracaso del sistema de justicia de Malí para garantizar la participación de los pueblos indígenas en los acuerdos de paz y para tener en cuenta la situación específica de los niños soldados indígenas, que en particular no son objeto de políticas específicas de reintegración. En la actualidad, esta delicada y necesaria misión es gestionada sin enfoque específico por el programa DDR (desarme-desmovilización-reinserción), destinado sin embargo a los adultos, y por los Centros de Tránsito y Orientación (CTO) para menores (no específicos para niños soldados), que también adolecen de una financiación precaria. 

También destacó la importancia de crear infraestructuras para los niños y los pueblos indígenas en los ámbitos de la educación, la salud y el acceso al desarrollo, y de formar a los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos.

En respuesta a las preguntas planteadas sobre su presentación, pidió que se apoyara la investigación sobre la situación de los niños soldados indígenas, que los medios de comunicación cubrieran estas cuestiones y que se siguiera reflexionando sobre la reintegración de los niños soldados indígenas en sus familias, comunidades y en la sociedad maliense.

Para completar esta presentación, recomendamos la lectura del texto de su intervención en la reunión de expertos de la ONU sobre justicia transicional y pueblos indígenas, celebrada en noviembre de 2022.

Vital Bambanze sobre la participación de los Batwa en la justicia transicional en Burundi

Tras su presentación, Vital Bambanze tomó la palabra para hablar sobre el impacto de las crisis y la violencia sufridas en Burundi por los miembros del pueblo Batwa y para discutir sobre su lugar en el proceso de justicia transicional en curso.

Vital Bambanze es un mutwa burundés, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, ex senador de Burundi, miembro de la Asociación Unissons nous pour la promotion des Batwa (UNIPROBA), del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC) y de la Red de los Pueblos Indígenas de África Central para la Gestión de los Ecosistemas (REPALCA). Refiriéndose a su propia experiencia personal, destacó las numerosas barreras institucionales que impiden a los batwa acceder a la educación, y dijo que él fue el primer mutwa que accedió a la universidad en Burundi, a pesar de sufrir una grave discriminación.

Recordó que la justicia transicional no sólo debe centrarse en los orígenes del conflicto, sino que también debe identificar las causas que impiden a los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas, disfrutar de sus derechos como ciudadanos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. En este sentido, recordó la reticencia de los Estados africanos a reconocer la existencia de pueblos indígenas en sus territorios.

En Burundi, donde en 2014 entró en funcionamiento una CVR para investigar la violencia ocurrida entre 1885 y 2008, los Batwa, que representan sólo el 1% de la población, quieren participar en el proceso de justicia transicional en marcha y que se investiguen las consecuencias que las crisis y los conflictos han tenido sobre su población, en particular el impacto económico de la crisis. A este respecto, explica que la economía de subsistencia de los Batwa, basada en la venta de su alfarería, se ha visto considerablemente alterada por el conflicto y por el suministro de bienes modernos y utensilios de cocina a las víctimas, de modo que la alfarería Batwa ya no es tan buscada como antes. También señala que los Batwa desconocen los entresijos de los conflictos y la violencia que han sufrido, y que tanto el ejército como los grupos rebeldes se han encargado de reclutar a su gente.

Por ello, pide la creación de una Comisión que represente a todos los pueblos de Burundi y que reescriba la historia de Burundi con los Batwa para garantizar su reconocimiento y decidir juntos las reparaciones y garantías de no repetición que deben establecerse. 

Al final de esta presentación, Magalie Besse recordó las cuestiones de representación en los órganos de justicia transicional y las reflexiones que deben hacerse sobre el número de representantes indígenas, su calidad y la forma en que son elegidos o designados: ¿Quién está legitimado para representar a las comunidades? Subrayó también la distinción que debe hacerse entre las CVR generales y las CVR especializadas en cuestiones indígenas, como las creadas en Canadá, Australia, Estados Unidos, Suecia y Noruega, que se ocupan específicamente de la violencia sufrida por los pueblos indígenas.

  1. Segundo panel con autoridades indígenas de Colombia y Guatemala

En una de las sesiones presencial de esta edición del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígena, la Embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, la mujer indígena arhuaca Eleonor Zalabata, expresó que este era un espacio de reconocimiento y reparación histórica. En eco a esta afirmación, se realizaron las siguientes preguntas para los tres invitados del segundo panel del evento, autoridades de Guatemala y de Colombia: ¿Qué pueden ser mecanismos de reparación histórica? ¿En qué medida los mecanismos de justicia transicional pueden fortalecer los derechos territoriales de los pueblos indígena? 

“La guerra y su marco conflictivo generó grandes posibilidades para el sector empresarial que hoy están beneficiando de procesos industriales” (Amilcar Pop) 

El primer interviniente fue Amílcar Pop, abogado del pueblo Maya Q’eqchi’, miembro del Congreso de la República de Guatemala y del Parlamento centroamericano, donde preside la comisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ha sido profesor universitario y es presidente de la Asociación de abogados Mayas. Como abogado militante, ha litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus puntos de defensa han sido la lucha por la defensa de la tierra y el territorio y de los derechos de Pueblos Indígenas. Resaltó que el conflicto armado de 36 años había dejado a 250 000 víctimas, entre las cuales 50 000 permanecen desaparecidas. 

En cuanto a las características del conflicto, ulteriormente calificado de genocidio por la Corte de constitucionalidad, resaltó que las circunstancias y realidad histórica nos demuestran que no fue tanto un conflicto ideológico sino un mecanismo de apropiación de territorios indígenas”. En efecto, hoy en día, estos territorios están afectados “grandes conflictos de exploración y explotación mineras, construcciones hidroeléctricas, explotación petrolera”.

Asimismo, se firmó un acuerdo de paz en 1996, con poca participación de los pueblos indígenas. El diputado resaltó que los Acuerdos, que incluyeron una dimensión protectora de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se enfrentaron con tres sectores de la población: “el sector empresarial blanco racista, el militar que quería mantenerse impune y el político con pensamiento radical en contra los DDHH y la memoria histórica

Como producto de estos acuerdos, nacieron una jurisdicción agraria para resolver los conflictos históricos por la tierra, una comisión presidencial en contra del racismo, y un fondo de desarrollo indígena. Amilcar Pop alertó, sin embargo, sobre la situación crítica atravesada por estas instituciones creadas en aras de resolver cierta conflictividad. Su progresivo debilitamiento y reciente supresión ha provocado perjuicios graves como el estado de aislamiento de numerosos pueblos, la afectación a la justicia de transición, y atentados a la soberanía alimentaria. 

Según el Diputado, los Pueblos Indígenas enfrentan un momento de impunidad similar al conocido después del conflicto, marcado en especial por la expulsión de importantes actores de la lucha en contra de la impunidad o su exilio fuera del país, como la expulsión emblemática de Iván Velásquez en agosto de 2022, quien encabezaba la Comisión Internacional de la Impunidad. Esta persecución es agravada por un proceso de criminalización de los líderes indígenas, pues del Diputado indicó que 540 ordenes de capturas habían sido ordenadas en contra de ellos. 

“La forma como se aproximan los pueblos indígenas a los daños, a la gravedad, es distinta. Es desde el sentir, desde el pensar, desde el hacer, y desde comprender la vida de manera diferenciada.” (Belkis Izquierdo) 

Luego, la palabra fue cedida a la Magistrada colombiana Belkis Izquierdo, mujer Indígena del Pueblo Arhuaco, la primera indígena en haber sido magistrada de una Alta corte de justicia. Desde la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego del Acuerdo de Paz de 2016, es Magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Vicepresidenta de este tribunal, y desde, hace unos meses, es Vice-presidenta del tribunal. 

Luego de enunciar los “daños graves, extensos y duraderos’ conocidos por los pueblos étnicos de Colombia, resaltó que ellos también han participado a la construcción de una “paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país”.

Enunció las diferentes herramientas instauradas para restaurar los derechos de los pueblos en el marco del proceso de paz iniciado en Colombia y que llevó al enjuiciamiento de jefes de la guerrilla de las FARC y jefes militares autores de crímenes de lesa-humanidad. Por una parte, indicó que los mecanismos y procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz deben seguir las exigencias de un enfoque étnico racial. Luego, que sus normas, e incluso el reglamento interno, habían tenido que ser consultados con los pueblos étnicos; contó que así, por primera vez, instrumentos de justicia transicional habían sido consultados con pueblos étnicos.

Insistió en la importancia de un cambio de perspectiva en cuanto a los Pueblos Indígenas en el mundo judicial, para que dejen de ser vistos únicamente como víctimas, y pasen a ser reconocidos como participantes plenos al proceso de paz. Resaltó la valiosa labor de las y los ocho jueces indígenas y afrocolombianos de la JEP para dar a conocer las cosmovisiones y las justicias de los diferentes pueblos indígenas, e invocó la necesidad de una relación de igualdad entre ellos y sus colegas. La Magistrada arhuaca recordó también que, en los casos en los cuales los comparecientes y/o las víctimas invocan pertenencia étnica, las autoridades indígenas y negras de sus territorios de origen son invitadas a participar en las audiencias como intervinientes especiales, “para hacer defensa del ordenamiento cultural, ancestral y territorial.”

Según la Magistrada, la ignorancia, por parte del derecho ordinario, de bienes jurídicos protegidos por las justicias propias, es la consecuencia de una fuerte discriminación tanto epistemológica como hacia las fuentes que fundamentan el derecho propio en la justicia transicional. En este contexto, los aportes de los pueblos se quedan en el discurso, en lo logístico, y no alcanzan a ser parte de las transformaciones sustanciales necesarias para la reparación y la reconciliación, entendida desde las necesidades de las víctimas.

Asimismo, destacó el sensible papel que tienen las autoridades territoriales de los pueblos y los jueces étnicos para comprender realmente las desarmonías conocidas por los pueblos, refiriéndose en especial a bienes que no suelen ser tutelados en derecho ordinario, como el territorio y la naturaleza. Invitó, en ese sentido, a dejar de tener al humano en el centro y a pensar como se va a reparar el territorio, los bienes sagrados, culturales, civiles. Volver a las fuentes de justicias propias como fuente de la justicia transicional le parece clave en este camino. Enfatiza en que “deberán tomar en cuenta los principios, las racionalidades, las lógicas de sus sistemas de justicia orientados a buscar la verdad desde la conciencia, la reconciliación, la sanación, la armonización, entre las victimas y los procesados que permita fortalecer el proceso comunitario, así como la armonización del territorio.”

Para completar esta restitución, recomendamos la lectura del texto de su intervención.

“Mientras las leyes sean contrarias a las manifestaciones de la naturaleza, no tenemos porque obedecerla” (Ariel Hormiga)

Finalmente, en aras de conocer una visión de la justicia transicional desde los territorios, se dio la palabra a Ariel Hormiga, quien se presenta como liberador de la Madre Tierra del Pueblo Nasa. Se conectó al encuentro desde un lugar del Norte del Cauca en Colombia, que sigue siendo un territorio en disputa entre grupos armados. De hecho, en el momento del dialogo, el liberador tuvo que remediar a una situación de emergencia, la cual no pudo detallar por razones de seguridad, y que originó problemas de conexión. 

Frente a dichas disputas territoriales que atentan en contra de las cosmovisiones de los pueblos, la Guardia Indígena realiza un trabajo de recuperación de tierras que pertenecían ancestralmente a pueblos indígenas. Una vez realizado el trabajo espiritual y cultural, las tierras liberadas son el lugar en el cual replantean los planes de vida, que se pueden considerar como su organización socio económica propia. Ariel Hormiga indicó a propósito: “nuestros procesos de vida pasan por encima de lo que se llaman hoy los derechos humanos, tan cuestionados institucionalmente. Nuestros proyectos de vida pasan por encima del humanismo tradicional, y pasan por encima de políticas ya caducas.

A la pregunta sobre los principios de derecho propio indígena, se refirió a la importancia de seleccionar y cultivar las semillas, al principio de integridad que lleva a ser más combativo “para mantener la dignidad de presente”, y al principio de espiritualidad, sesgada por el sentido colonial.

Al final del encuentro, los invitados emitieron recomendaciones para avanzar en los procesos de justicia transicional desde sus miradas interculturales y las vivencias de los territorios.  A propósito, Amilcar Pop hizo un llamado sobre la crisis de las instituciones judiciales que enfrenta Guatemala, más de 26 años después de los crímenes de genocidio. Denunció la gravedad de la supresión de las instituciones indígenas y las relacionó con la demora en poner en marcha a la jurisdicción agraria. 

La Magistrada Belkis Izquierdo hizo hincapié también sobre la importancia de que todos los daños resaltados por los pueblos tengan consecuencias jurídicas, para que sean reparadas las víctimas y el territorio de manera culturalmente adecuadas.

En la conversación, se realizó una pregunta sobre si era realmente de la competencia de las justicias indígenas traer soluciones por los daños que actores externos realizan sobre sus territorios. Se sabe, en efecto, que los pueblos indígenas no son los responsables de la extracción de elementos naturales por actores privados y que son las principales victimas de los conflictos socio ambientales a los cuales abren paso los conflictos armados.

«Si no nos escuchan como autoridades que tenemos nuestros propios sistemas de justicia, perderíamos una oportunidad’ (Belkis Izquierdo) 

Los invitados insistieron sobre el lugar de las justicias indígenas. La magistrada arhuaca reconoció que las justicias étnicas son otras víctimas de la guerra, pero enfatizó en el hecho que no se tiene que quedar en el papel de víctima. El hecho que sus procesos hayan sido debilitados por el conflicto no debe volverse un argumento para que no sea considerado como fuente de justicia de la JEP. La Magistrada Arhuaca defendió la idea que el recurso a los sistemas de justicia indígena no solamente puede traer soluciones importantes para reparar diversas afectaciones, sino también, constituir una reparación histórica hacia los procesos organizativos propios. 

Finalmente, tanto la Magistrada Belkis Izquierdo, como el liberador de la Madre Tierra Ariel Hormiga, hicieron énfasis en la importancia de vincular las autoridades espirituales y el trabajo espiritual a estos procesos de justicia transicional y reparación histórica. El aspecto cultural debe ser tomado en serio especialmente a la hora de armonizar los territorios. En ese sentido, la Magistrada explicó la relevancia de acreditar a las autoridades espirituales en la JEP, es decir, que reconozca que pueden ser intervinientes en las audiencias y ser la voz de los territorios. 

Se concluyó el encuentro con un pensamiento para las organizaciones indígenas de Guyana francesa que se organizan también para lograr esclarecer la verdad sobre procesos coloniales que han afectado a la niñez amerindia en los “homes indiens”.

Muchas gracias a todos los participantes.

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