Indicadores jurídicos

El objetivo de este programa es:

• Estudiar, a nivel nacional, internacional y comparado, la legalización de los derechos de las generaciones futuras, sus formas y sus consecuencias teóricas y prácticas en el Derecho Ambiental, en los objetivos de Desarrollo Sostenible y en todos los derechos humanos,
• Desarrollar una metodología para la medición científica de la aplicación del derecho de las generaciones futuras utilizando indicadores legales para evaluar la efectividad de este derecho,
• Experimentar esta nueva herramienta de evaluación de políticas públicas en Francia, África y América del Sur,
• Contribuir a la investigación internacional sobre el perfeccionamiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o SDG 2030,
• Dar a la sociedad civil, a las autoridades regionales y locales y al Estado los medios para verificar que los textos jurídicos nacionales, regionales e internacionales existentes contribuyen efectivamente a la protección del medio ambiente y de los derechos de las generaciones futuras,
• Permitir a los Estados medir mejor sus progresos y dejar de hacer reformas «a ciegas».

Este programa se basa en la obra inédita del profesor Michel Prieur: «Indicadores jurídicos, herramientas de evaluación de la eficacia del derecho ambiental» publicado en línea gratuitamente en 2018 por el FIDD, la OIF, la UICN, el CIDCE y el CEDEOA y en la tesis de Julien Bétaille, profesor de la Universidad de Toulouse: Las condiciones jurídicas de la eficacia de la norma en derecho público interno: ilustraciones en derecho urbanístico y medioambiental («Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne: illustrations en droit de l’urbanisme et de l’environnement»), Limoges, 2012.

Un grupo de trabajo multidisciplinar formado por diez investigadores franceses y cuatro extranjeros, representantes de tres continentes (Brasil, España, Portugal y Túnez): juristas, historiadores del derecho, ecologistas, sociólogos, políticos y matemáticos, se reunieron en el MRSH de Caen en 2019 (9 y 30 de enero, 6 de febrero y 22 y 23 de noviembre) para presentar el origen y la utilidad de los indicadores jurídicos, así como las bases de su representación matemática y gráfica. Se adoptó un programa de demostración para poner a prueba la redacción de dos cuestionarios que recogen los indicadores legales y que están destinados a ser presentados a un panel de actores regionales y nacionales representativos de las personas e instituciones afectadas por la aplicación del Derecho Ambiental.

La dirección jurídica de este programa corre a cargo del profesor Michel Prieur, Presidente del Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado (CIDCE), una ONG internacional con estatuto consultivo especial junto a las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Internacional de la Francofonía. La dirección de la parte matemática de la medición corre a cargo de Christophe Bastin, ingeniero y fundador de la empresa de ingeniería y consultoría «SIC Nouvelle-Aquitaine».

Con el fin de abordar los indicadores legales tanto en su dimensión nacional como internacional, los temas a demostrar en 2020 son -un área nacional protegida y- el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 relativo a la vida acuática y los océanos. La demostración se realiza a partir de un cuestionario para Francia que los tres socios de Brasil, Portugal y Túnez deben adaptar a su legislación nacional y a las modalidades locales de aplicación de los textos legales.

La zona protegida elegida en Francia es la Reserva Nacional del Bosque de Cerisy (Normandía), gestionada por la oficina forestal nacional. Para Brasil: la Reserva Ecológica Federal de Carijos en Florianópolis. Para Portugal: la reserva natural Ramsar y Natura 2000 Paul de Arzila y para Túnez: el Parque Nacional de Ichkeul.

El debate sobre el contenido de los dos cuestionarios tendrá lugar por videoconferencia en las siguientes fechas 20 y 27 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2020.

Los cuestionarios se presentarán en junio a las partes interesadas regionales y nacionales de Francia. Brasil, Portugal y Túnez pondrán a disposición las respuestas a sus cuestionarios a finales de octubre para poder analizarlas y medirlas a finales de 2020.

El programa continuará en 2021 con una segunda ronda de experimentación sobre otros temas del derecho ambiental nacional e internacional y sobre otro ODS para mejorar la metodología utilizada. Se prevén los siguientes temas con el fin de garantizar los derechos de las generaciones futuras: estatuto jurídico de los desplazados medioambientales, cambio climático, pérdida de biodiversidad, derecho humano al medio ambiente, ciudades sostenibles, justicia y paz. La aplicación de los indicadores jurídicos también se ilustrará en el examen especial de la eficacia de un convenio universal: el Convenio de Ramsar sobre los humedales, y de dos convenios regionales: el Convenio de Barcelona y sus protocolos sobre la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo y el Convenio de Escazú sobre información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente en América Latina y el Caribe.